MOCIÓN RELATIVA AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

“de los 9 millones de personas pensionistas que hay en la actualidad, más de 5 millones perciben una pensión menor del SMI, es decir, inferior a 739,5 € al mes. Por lo tanto, más del 50% de los pensionistas cobran por debajo del SMI, y el 70% del total cobra por debajo de los 1000 €. Si alguien es capaz de vivir, en realidad de sobrevivir, con ese dinero sin recurrir al colchón familiar, que nos cuente cómo lo hace…”

En Cambiemos Navalcarnero sabemos que hay determinados artículos de la Constitución que lucen mucho a la hora de defenderlos y que hay otros, como el artículo 50, cuya defensa y cumplimiento son relativos.

En ese artículo se establece que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

Por centrarnos en la primera frase, ni las pensiones en España son adecuadas, ni se actualizan periódicamente, ni garantizan la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. En el caso de las pensiones no contributivas la suficiencia económica está totalmente descartada.

Es cierto que la pensión media está en la actualidad en 1095 € al mes, pero de los 9 millones de personas pensionistas que hay en la actualidad, más de 5 millones perciben una pensión menor del SMI, es decir, inferior a 739,5 € al mes. Por lo tanto, más del 50% de los pensionistas cobran por debajo del SMI, y el 70% del total cobra por debajo de los 1000 €. Si alguien es capaz de vivir, en realidad de sobrevivir, con ese dinero sin recurrir al colchón familiar, que nos cuente cómo lo hace…

Con la última reforma de las pensiones llevada a cabo por el PP, la revalorización de las pensiones se limitará al 0,25 por ciento mientras exista déficit de la Seguridad Social (que a finales de 2017 era de 18.500 millones de €) y, en caso de superávit, crecería un 0,5 por ciento además del IPC (Índice de Precios al Consumo). Además, el factor de sostenibilidad establece que cada cinco años se calculará un índice por el cual, si la esperanza de vida crece, disminuye la cuantía de la pensión. En definitiva, parece ser que la tendencia es a perder un 40 por ciento de poder adquisitivo de las pensiones en los próximos treinta años. Es decir, que nos encontramos con la perspectiva de un futuro, de un presente dado que las consecuencias las padecerá la población que se jubile a partir de 2019, en el que la mayoría de la población vivirá en una situación de desigualdad y empobrecimiento. Si es que sobrevive alguien.

MUJERES

De todos es conocida la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Es decir, que a igual trabajo las mujeres cobran menos. Esto se traduce en un descenso de las cotizaciones y, por tanto, del importe de las pensiones de jubilación. La cuantía media de las pensiones de jubilación de las mujeres de más de 65 años en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es un 35,38 por ciento inferior a la de los hombres, con una diferencia de 499 euros. En concreto, la cuantía media en la pensión de jubilación que perciben las mujeres mayores de 65 años en Madrid es de 911,49 euros. Una mujer madrileña tendría que trabajar nueve años más para cobrar la misma cantidad que un hombre.

Eliminar un servicio público es muy fácil. Solamente hay que llevar la prestación del mismo a niveles insoportables para que la ciudadanía busque soluciones privadas. Lo mismo que está ocurriendo con la sanidad, pero aplicado a otro nicho de negocio, el de las pensiones de jubilación. El objetivo no es otro que mercantilizar y entregar a los mercados privados (banca y aseguradoras) el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas. Claro, que fiarse de que cobraremos algún día nuestro fondo de pensiones privado (el que lo tenga) es confiar en unas instituciones como los bancos que han dado en los últimos años repetidas muestras de no ser de fiar.

Existe desde hace años una tendencia a considerar los derechos ciudadanos como un lastre que impide el buen funcionamiento de la economía. En definitiva, a considerar el derecho a una pensión digna como un problema y no como un bien a defender. Nosotr@s creemos que ha llegado el momento de combatirla.

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